El Ministerio de Educación Nacional abrió una convocatoria para el mejoramiento de infraestructura educativa rural por valor de 170 mil millones de pesos, en la cual las entidades territoriales, secretarias de educación, resguardos y rectores, podrán postular predios de sus instituciones y/o residencias escolares, para la realización de obras a través de proyectos de financiación.

En esta acción se contemplan diferentes tipos de mejoras, como: reparación de las sedes rurales, desgaste, antigüedad, accidentes, emergencias, factores ambientales, falta de mantenimiento, uso inadecuado y cambios de destinación, entre otros.

Así, mediante tres líneas de trabajo estratégicas de las que hacen parte nuevas convocatorias para la adecuación, la construcción y la culminación de proyectos en ejecución, y la obtención de recursos adicionales a través del programa Obras por Impuestos, la entidad avanza en el fortalecimiento de la infraestructura del sector.

La segunda línea de trabajo busca mejorar la estructuración y ejecución de proyectos en todo el país para evitar la concentración de proveedores, promover la participación de contratistas locales y garantizar la transparencia.

En trabajo articulado entre el Ministerio y las entidades territoriales se construirán 7.065 aulas funcionales y otras 5.606 se terminarán y entregarán en el cuatrienio.

Un diagnóstico hecho por la entidad encontró que de 12.421 aulas en construcción, 5.222 se encontraban en proceso de diseño y 5.918 tenían un promedio de avance del 30%.

La entidad adelanta un conjunto de acciones para destrabar los proyectos que están frenados, entre estas: gestiones jurídicas para el inicio formal de 207 procedimientos de terminación anticipada por incumplimiento a contratistas, la cesión de 65 contratos de obra y la modificación de las políticas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), para calificar el desempeño y capacidad de los contratistas.

Obras por Impuestos

Igualmente, a través del programa Obras por impuestos, liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), los empresarios pagan parte de sus obligaciones tributarias mediante la inversión de recursos en proyectos que benefician a 6,5 millones de colombianos en más de 170 municipios priorizados en todo el país.

Con este mecanismo, el sector educativo ha podido materializar inversiones por más de 60.000 millones de pesos en más de 40 municipios, lo que ha permitido brindar nuevos espacios para el aprendizaje en instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas por la pobreza y el conflicto.

Para 2019 el Ministerio materializó un monto de 43.000 millones de pesos a través de doce empresas contribuyentes. Estos proyectos se implementarán en ocho departamentos (Antioquia, Arauca, Cesar, Chocó, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima) y beneficiarán a 34 municipios.

Con información de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Educación